Un año después de la revolución inacabada de Egipto, quedan latentes preguntas fatídicas en el país más poblado del mundo árabe, mientras se inclina hacia un futuro nuevo e incierto.

¿Cómo cuadrar una esperanza para la democracia con una historia de regímenes autocráticos?

¿Cuál será el papel de la religión en la conformación de una nueva Constitución y qué significará la aplastante victoria de los partidos islamistas en las recientes elecciones para los derechos de la minoría cristiana, las mujeres y otros muchos que pusieron mucho en juego en esta revolución para hacer un Egipto más democrático?

Pero de todas las preguntas que proyectan una sombra a través de Egipto, hay una que es la que concentra el mayor interés justo ahora que el tumulto del “Despertar Árabe” continúa desarrollándose en la región.

¿Cuál será el papel del ejército en un nuevo Egipto?

¿Renunciará el ejército a su poder ejecutivo, que actualmente mantiene a través del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (SCAF), como ha prometido al pueblo egipcio y garantizado a su benefactor  EEUU?

Lo que está claro al analizar esta cuestión de la sucesión del poder es que el fuerte ejército militar de 350.000 efectivos de Egipto tiene todo lo que está en juego en un nuevo Egipto – más concretamente sus 1.300 millones de dólares en asistencia anual de Estados Unidos y la vasta empresa económicamente multimillonaria que el ejército de Egipto ha construido a lo largo de los últimos 60 años.

Se ha establecido un calendario, según dicen públicamente los generales y que los oficiales de EEUU confirman en privado, para lograr una transición del poder en julio, cuando está previsto que el primer presidente civil de la historia moderna tome posesión de su cargo.

Sin embargo, el proceso político en Egipto no se fía de este calendario.

Esto se hizo ostentosamente evidente a principios de este mes, cuando Mohammed El Baradei, premio Nobel y un candidato presidencial, retiró su candidatura en señal de protesta.

El 14 de enero, se retiró de la carrera antes de que realmente se iniciase porque dijo que el gobernante SCAF y las fuerzas del antiguo régimen seguían aferradas a su posición y es improbable que permitan que un gobierno civil implemente las reformas necesarias para que la democracia tome forma.

La mayoría de los analistas y oficiales retirados aquí dicen que la fuerza cada vez más brutal del ejército presagia que no será probable que ceda el poder ejecutivo con facilidad, en gran parte porque tratan de aferrarse a sus intereses económicos en expansión – que se extienden desde la industria a los hoteles, a los supermercados y a las grandes carteras inmobiliarias.

Como tantas cosas en la vida, parece que todo se trata de dinero.

Pero, ¿de cuánto estamos hablando? Tras varios meses investigando en El Cairo y en Washington para tratar de llegar a tener un cierto sentido de la escala –si no es una cifra precisa – de la fuerza económica del ejército.

El recién elegido parlamentario y líder intelectual público Hamzawy Amr y otros de los partidos liberales más seculares han anunciado su intención de retar directamente a la SCAF para que facilite una mejor contabilidad del balance de los activos en gran parte ocultos del ejército y de sus intereses comerciales.

Los extravagantes privilegios de los generales retirados, que a menudo terminan como directores de las grandes corporaciones a pesar de no tener prácticamente ninguna experiencia empresarial, son un tema que levanta ampollas en un país donde el 40 por ciento de la población vive con menos de dos dólares por día.

Durante 60 años, el imperio financiero de los militares ha estado completamente oculto del escrutinio del Parlamento, que en el pasado fue nombrado a través de elecciones que difícilmente eran libres y justas, y rara vez cuestionaban el régimen. Ahora eso ha cambiado, y el nuevo parlamentario electo es una gran parte de ese cambio.

Hamzawy, un ex director de investigación del Centro Carnegie de Oriente Medio y profesor de ciencias políticas en la Universidad de El Cairo, ha investigado al Ejército y a la economía de Egipto desde hace años y estima que los militares pueden controlar hasta el 30% del total de los 180.000 millones de dólares de la economía de Egipto ó 60.000 millones de dólares.

Esto, ha explicado Hamzawy, es por lo que “ellos están interesados en proteger sus bienes económicos”, tratando de preservar los restos del antiguo régimen para que puedan continuar evitando la transparencia y la rendición de cuentas ante el Parlamento.

Otras estimaciones más conservadoras de las explotaciones económicas de los militares, entre ellas una de Mohamed Kadry Said, un ex general de alto rango y analista militar durante mucho tiempo del Centro Al Ahram de Estudios Políticos y Estratégicos, sitúa la cifra en un 8% del PIB, o alrededor de 15.000 millones de dólares.

Los diplomáticos occidentales en El Cairo y expertos egipcios entrevistados dicen que una cifra a mitad de camino entre estas estimaciones, o alrededor de 35.000 millones de dólares, es una suposición segura.

Pero la realidad es que nadie conoce el alcance exacto de las explotaciones económicas de los militares egipcios debido a que los sucesivos regímenes autoritarios se han asegurado de que se haya mantenido en secreto.

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