El Gobierno comunicará el viernes la nueva normativa para tratar de consolidar el sector bancario español. Según lo adelantado, consiste en un endurecimiento de las provisiones vinculadas a los activos inmobiliarios, que obligará a la banca a dotar 50.000 millones de euros adicionales. Esta vuelta de tuerca a las exigencias regulatorias sobre el ladrillo se espera que produzca varias consecuencias: provocar una nueva ronda de fusiones, precipitar más cierres de oficinas y reducción del número de empleados, adecuar el precio de los pisos que la banca tiene en balance y, en última instancia, pero como objetivo primordial, conseguir que el crédito vuelva a fluir a familias y empresas. Aquà se detallan las 10 claves de este proceso:
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