Con la globalización, el nacionalismo ha perdido fuerza como argumento financiero. Pero aún despierta algunas inquietudes y goza de tirón popular. Repsol, la primera empresa industrial española, puede cambiar de manos. Sacyr y Petróleos Mexicanos (Pemex) han firmado un pacto cuyo fin último es aparentemente hacerse con la gestión de la petrolera, desbancando a los actuales gestores encabezados por su presidente, Antonio Brufau. El Gobierno se ha apresurado a exigir la “españolidad” de la petrolera y ha obtenido garantías verbales de los firmantes. Pero la difícil situación financiera de la constructora, atenazada por la deuda de 5.000 millones que contrajo cuando adquirió el 20% de Repsol, y la especial condición de la mexicana -una compañía estatal sujeta completamente a las decisiones del Gobierno de turno- no son los mejores avales.
