La crisis ha disparado el número de fraudes a las aseguradoras, con una notable preponderancia de los seguros de automóviles, pues representan tres de cada cuatro intentos de cobro ilícito, según el informe de la asociación Investigación Cooperativa entre Entidades Aseguradoras y Fondos de Pensiones (ICEA).
Pero hay uno que se ha puesto especialmente de moda en los últimos años y que preocupa especialmente al sector: el conocido como “caso del inmigrante”.
Éste
consiste en asegurarse en España, posteriormente trasladarse al país de
procedencia, principalmente del norte de África y Europa del Este,
lograr allí un certificado de defunción de otra persona y tratar de
cobrar de las entidades aseguradoras en las que se suscribió el contrato
las indemnizaciones correspondientes.
Según el estudio, en 2010 las compañías aseguradoras detectaron en total 118.470 casos de fraude, un 16,59% más que en 2009, cuando se experimentó un aumento del 32,38% respecto al ejercicio anterior, informó el Instituto Atlántico del Seguro en un comunicado.
En 2003, la cifra de fraudes a aseguradoras fue de 54.114 y desde entonces fue creciendo paulatinamente hasta los 76.759 de 2008. A partir de ahí se produjo la eclosión al registrarse 101.616 casos en 2009 y 118.470 en 2010.
El ramo que mayor crecimiento ha experimentado han sido las pólizas de riesgos personales: vida, accidentes, enfermedad, salud y subsidio por baja laboral, con un 83,52% más respecto a 2009.
Los datos de este informe los ha dado a conocer el presidente de la
Asociación de Peritos de Seguros y Comisarios de Averías (APCAS), Juan
Ángel López Rouco, en una jornada organizada por el Instituto Atlántico
del Seguro en la que han participado la Policía Nacional, mediadores de
seguros y la Universidad de Vigo.
El informe de la ICEA detalla que la cantidad reclamada por los defraudadores en 2010 ascendió a 486 millones de euros y que, una vez efectuadas las averiguaciones y deducidos los casos de fraude, las compañías solo abonaron 138 millones.
En el marco de la jornada celebrada en Vigo, Enrique Codert, de Línea Directa, ha defendido que las aseguradoras deben contar con un departamento propio antifraude, y José Ignacio Pérez Postigo, de Mapfre, ha hablado de la ausencia de una “cultura aseguradora” en la sociedad y de “represión del fraude” por parte de las aseguradoras.
Pérez Postigo ha reclamado la colaboración de todos los agentes vinculados al sector asegurador entre ellos y con la administración de Justicia y los cuerpos de seguridad, y ha recordado la reciente puesta en marcha de un fichero de automóviles objeto de pérdida total, robo o incendio.
Los casos más frecuentes se producen por robos ficticios en cajeros, hurto de móviles, daños en vehículos y daños en hogar y comunidades.
Por su parte, Marta García Mosquera, doctora en Derecho Penal de la Universidad de Vigo, ha subrayado que los modos de operar más frecuentes de los defraudadores son efectuar declaraciones falsas e incurrir en inexactitudes u omisiones al contratar una póliza, o formalizar una e incluso dos para cubrir un siniestro ya ocurrido.
La otra vertiente es la provocación dolosa de un siniestro, en cuyo caso el defraudador se enfrenta a una posible pena de cuatro años de prisión según el capítulo que el Código Penal desarrolla sobre los incendios y bienes propios.
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