Desde que la economía mundial se cayó por el borde de un acantilado en el año 2008, obligando a los inversores a luchar para colocar su dinero en el último refugio seguro, el oro, miles de mineros ilegales han inundado la región de Madre de Dios del centro de Perú.
Ahora están haciendo estragos en sus selvas tropicales vírgenes y en los sistemas fluviales, incluyendo algunas de las reservas naturales más importantes de Perú, utilizando técnicas primitivas de la minería para extraer enormes cantidades de riqueza de la región, los suelos arenosos, que chispean de partículas de este metal precioso.
A medida que lo hacen, el veneno de la tabla de agua con mercurio y la tosca extracción causan agujeros tóxicos en la selva virgen.
“Se trata de una zona de desastre”, dice Jorge Herrera, director del programa del sur de Amazonas para la filial peruana del Fondo Mundial para la Naturaleza.
“El coste ambiental es muy alto. Eso se debe en parte a las técnicas utilizadas, pero también a la biodiversidad irremplazable que alberga esta región”.
Las estimaciones del número de mineros en Madre de Dios oscilan en entre 40.000 y 50.000. Según la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), sólo el 3 por ciento de ellos son legales, trabajando con concesiones oficiales con los permisos ambientales y con el equipo autorizado.
Estos mineros producen aproximadamente una quinta parte del total anual del Perú de 175 toneladas métricas de oro. También son responsables de la destrucción de más de 70 kilómetros cuadrados de selva tropical desde que comenzó la fiebre del oro y, según los ecologistas, se estima que producen un vertido de unas 35 toneladas métricas al año de mercurio en las corrientes, los ríos y la selva de Madre de Dios.
Muchos de ellos viven en peligrosas zonas en expansión en las profundidades del Amazonas, más allá del alcance de la ley, donde proliferan las armas, el licor barato y los burdeles llenos de prostitutas adolescentes.
“Este asunto es ahora demasiado grande para el gobierno regional”, dice Herrera. “O el Gobierno nacional aborda este problema, o supondrá efectivamente la entrega de Madre de Dios a las bandas criminales, con todo lo que esto implica, no sólo para el medio ambiente, sino para la seguridad pública y el imperio de la ley”.
Las medidas enéricas adoptadas por el Gobierno, incluyendo varias operaciones importantes en el año 2011 en las que participaron la Policía, el Ejército, la Marina y las Fuerza Aéreas, para incautar y destruir equipos de los mineros ilegales, incluidas las herramientas de dragado que saquean y alteran los cauces de la selva además de perturbar su delicado equilibrio ecológico, no han solucionado el problema.
Una cuestión económica
El Gobierno de Ollanta Humala cobra una suma ínfima de las concesiones mineras -entre 0.50 y 1 dólar por hectárea al año- en comparación con la ganancia de mil dólares que se puede conseguir de la extracción de una única onza de oro.
En una región azotada por la pobreza y con pocas oportunidades económicas, casi todas las familias tienen un miembro que es un minero.
“La minería es una actividad natural en Madre de Dios. El Gobierno tiene que respetarla”, dice Mario Cabrera Villavicencio, un hombre rechoncho, con barba blanca, que es vicepresidente de la federación de la principal zona minera. “En Lima, no entienden la realidad de la vida en el Amazonas”.
No todo el mundo en Puerto Maldonado está de acuerdo. El ecoturismo está creciendo rápidamente, con alojamientos en la selva de Madre de Dios que acogen a cada vez más visitantes extranjeros cada año.
Los pescadores y las comunidades indígenas locales también se oponen ferozmente a la destrucción del medio ambiente.
En octubre, cientos de manifestantes ocuparon la plaza del pueblo de Puerto Maldonado con pancartas que decían: “¿Dónde están los fiscales del medio ambiente?” y “¿cuántas onzas [de oro] vale una vida?“.
Hablando en la pequeña oficina de la federación en Puerto Maldonado, la capital regional, Villevicencio explica que la mayoría de los miembros de la federación son “informales”, no ilegales.
“Tienen concesiones, pero el Gobierno regional no ha respondido a sus solicitudes de permisos ambientales”, dice.
En cualquier caso, los mineros están operando en contra de la ley, dice Alan Díaz Carrión, abogado de la SPDA que dirige una consultoría jurídica gratuita en Puerto Maldonado para los agricultores y las comunidades indígenas cuyas tierras han sido ocupadas por los mineros.
“Puede que seas el propietario de un coche, pero si no tienes permiso de conducir y conduces, entonces estás infringiendo la ley”, dice Díaz Carrión.
En un cambio de gabinete a principios de este mes, Manuel Pulgar Vidal, el exjefe de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, fue nombrado ministro del Medio Ambiente. Ha prometido una nueva ley que dará al Estado más poderes para detener la minería ilegal, pero aún no se han hecho públicos los detalles.
“El objetivo es corregir el marco legal que puede generar limitaciones para un Estado que está decidido a combatir la minería ilegal, especialmente en estas zonas sensibles”, dijo a la televisión peruana.
Está por ver si Pulgar Vidal es capaz de hacer más incursiones en el problema que su antecesor, Antonio Brack. Ambos hombres se encuentran entre los ambientalistas más respetados de Perú. Pero, como el anterior -que Cabrera Villavicencio define como una “mula terca”- descubrió una vez en el poder, que hablar de detener la minería ilegal es más fácil que hacerlo, cuando los mineros se funden en la selva, justo cuando la Policía y el Ejército hacen incursiones en sus campamentos.
Ahora que se espera que la economía a mundial vuelva a venirse abajo en 2012, las selvas de Madre de Dios necesitan más protección que nunca.
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