Tiene sólo quince años, pero ya trabaja para los narcos. Antonio se planta todos los días en la acera de una calle de Jiutepec. Se mantiene ojo avizor en esta ciudad a unos 100 kilómetros al sur de Ciudad de México. La labor de este niño como ‘halcón’ de los narcotraficantes es vigilar e informar a sus superiores sobre la presencia de las fuerzas de seguridad en la zona. Gana 2.000 pesos a la semana, unos 117 euros.
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En realidad, ahora Antonio ya no tiene ese “trabajo”. La Policía le detuvo en enero. Un mes antes de atraparle, las fuerzas de seguridad habían detenido a otro adolescente, en ese caso de 14 años, acusado de matar y transportar droga para los narcos.
La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) lanzaba la voz de alarma a principios de este año preocupada por la nueva moda de la “narco explotación” de los niños y adolescentes. Lamentablemente, éste es sólo un aspecto más de las garras del “narcopoder” en este país y otros estados latinoamericanos.
El Ejército tampoco sirve
El economista y jurista asesor de la ONU en la lucha contra el crimen organizado, Edgardo Buscaglia, asegura que en México existe “una especie de guerra civil entre Policías de diferentes municipios”, con cada uno de los cuerpos controlados por un grupo criminal distinto.
Y apunta a varios aspectos de la delincuencia vinculada a las drogas: el tráfico de migrantes, la piratería, el secuestro, la extorsión… hasta 22 tipos de delitos. Para Buscaglia, uno de los invitados por Casa de América para una mesa redonda de expertos sobre el poder del narcotráfico en Latinoamérica, el problema en México no se debe sólo a la corrupción sino a la total descentralización de las autoridades, incapaces de implantar una política común para atajar el problema:
“Hoy hay muchos partidos fragmentados sin control alguno, donde el Estado mexicano no puede implantar políticas únicas. Y la mano derecha no puede actuar sin la mano izquierda”.
No cree en la apuesta del presidente mexicano Felipe Calderón por el despliegue del Ejército en las zonas más afectadas como Ciudad Juárez. De hecho, los militares no han evitado que los homicidios se sigan produciendo.
“Si colocas al Ejército mexicano, que era el único que gozaba de cierta credibilidad, tarde o temprano va a desprestigiarse tanto o más [que la Policía]”, asegura Buscaglia. “Las medidas contra la delincuencia organizada requieren de un pacto de Estado tipo Moncloa [contra el terrorismo] y que acuerden autolimpiarse de la cloaca que hoy les inunda”.
¿Y legalizar la marihuana ayudaría a paliar el problema?
“Todo. Casa, escoltas, carro, todo eso [tenía]. ¿Pero de qué me servía tener todo esto si no era feliz? Era como un pájaro en una jaula”. Así recuerda una mujer colombiana su comienzo en el mundo de la drogadicción en un testimonio recogido por la Fundación Alma y Afecto.
Empezó por la marihuana antes de pasarse a otras drogas. Aún así el colombiano Francisco Thoumi, ex director del Observatorio de Drogas y Delito de la Universidad de Rosario, no cree que la solución pase por la legalización de la marihuana. Considera que para ello primero haría falta una “domesticación” de esta droga en Occidente.
Cita el ejemplo de Medellín, donde la mitad de los chicos consumen drogas y en el caso de las chicas el porcentaje sube hasta un 80.
“Una opción sería permitir que estos muchachos puedan cultivar cuatro o cinco plantas de marihuana para su consumo en su casa y así socavar a los productores. Otra opción, un seguro contra la adicción, de la misma forma que una persona que conduce un automóvil tiene un seguro para su auto. De manera que el usuario asumiera los costos sociales de su decisión. Luego se podría ir a las Naciones Unidas, al mundo, y presentarlo”, propone Thoumi como soluciones a largo plazo. Pero admite que no es nada fácil.
Sin soluciones a la vista
“¡México no tiene ni capacidad para regular sus aspirinas, por Dios! ¿Qué le vas a pedir?”, señala indignado Buscaglia. “Países como Colombia y México van a aprender a vivir en un mundo en el que hay cosas ilegales fáciles de hacer”, añade Thoumi.
Y es que los cárteles de la droga se disputan las rutas de distribución y venta de las drogas en una guerra que cada vez encuentra más contrincantes también en Centroamérica. El último ejemplo se produjo el pasado 15 de mayo en Petén (Guatemala), cuando 27 agricultores fueron asesinados por el grupo de narcotraficantes Los Zetas.
El “narcopoder” campa a sus anchas sin que las autoridades consigan frenarlos, destrozando estos países y a sus gentes. México se lleva la peor parte: más de 35.000 personas han muerto en la guerra de Calderón contra los cárteles de la droga, según cifras oficiales del Gobierno. La periodista mexicana experta en temas de narcotráfico, Cynthia Rodríguez, no ve lugar para el optimismo:
“Cada uno de nosotros tiene experiencias muy cercanas de secuestros, muertes. No sé si ya hemos tocado fondo”, comenta.
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