La entidad gallega trabaja para la solicitud de una ficha bancaria, un paso que aún no ha dado pero que prevé dar de forma inminente, para trasladar su negocio financiero. Este banco captará, según los planes presentados al regulador, fondos públicos –del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB)– y de inversores privados estratégicos, es decir, con vocación de permanencia.
Novacaixagalicia sostiene que entidades privadas han mostrado ya su interés por entrar como socios en el capital de ese banco, si bien no ha concretado a cuánto podría ascender su aportación ni si sería suficiente para colocar un 20% de las participaciones y rebajar sus necesidades, así, al 8% (1.527 millones de euros). De hecho, el Banco de España le ha pedido mayor concreción y fuentes próximas a la caja han indicado que los contactos son constantes.
Sin embargo, el secretario general del PSdeG, Manuel 'Pachi' Vázquez, ha dado por hecho que el FROB inyectará en la caja todo el capital que necesita hasta llegar al 10% de capital principal, 2.662 millones de euros.
La caja ultima, al mismo tiempo, un plan de recapitalización interna, con el fin de reducir sus activos ponderados por riesgo –el capital principal se calcula en función de los mismos, de modo que si se rebajan, crece el core capital– y rebajar, así, sus necesidades en entre 650 y 1.000 millones de euros.
En cualquier caso, el plazo para liberarse de inversiones y activos que permitan recapitalizarse y para captar inversores para el banco se extiende hasta septiembre. Novacaixagalicia planea, además, una salida pactada del FROB en dos años, lo que concede más tiempo pasa buscar nuevos socios. En esta segunda fase, la estrategia pasa por salir a bolsa, un paso complejo y sobre el que el copresidente Julio Fernández Gayoso ha avisado de que las valoraciones "son tan bajas que dan miedo".
Otro de los puntos sobre el que no se han despejado las incógnitas es el impacto que esta nueva maniobra tendrá en la plantilla. La caja ha trasladado a los sindicatos que no prevé, de momento, ampliar el expediente de regulación de empleo (ERE) aprobado para reducir, mediante prejubilaciones, 1.230 puestos de trabajo, pero los representantes de los trabajadores dan por hecho que habrá un nuevo ajuste y reclaman que sea negociado y no traumático.
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