La tranquilidad reina en la calle Pisuerga de Madrid, adonde llega atenuado el eco del ajetreo de la vecina Castellana. No podía ser de otra forma en un barrio residencial en el que, entre otras, está la embajada de la Yamahiria Árabe Popular Socialista Libia. Paradojas de la guerra moderna: es la legación diplomática de un régimen cuyas instalaciones militares bombardea España junto a otros países, pero su sede en Madrid está vigilada por un solitario furgón policial que, más que vigilar, pareciera dar amigable escolta.
La web de la embajada sigue activa, y mostrando además en su arranque una foto de Muamar el Gadafi estrechando la mano del rey Juan Carlos. En la página, ni una sola alusión a la guerra.
Entre tanto, ni las autoridades provisionales de la zona rebelde de Libia ni la diplomacia española en contacto con la Autoridad libia de Transición han transmitido aún a los empresarios españoles no petroleros que operan en el país garantía alguna de que los contratos que firmaron con el régimen de Gadafi serán respetados tras la guerra. La última empresa en conseguir una concesión cuantiosa en Libia fue la constructora valenciana Secopsa, a la que, por diez millones de euros, el Gobierno libio encargó reformar el hotel Almeyda Palace, junto a las playas de Al Baida. En estos años de crisis, diez millones no es un montante baladí para una constructora que factura alrededor de 160 millones anuales.