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Primero fue una sanción de 15,4 millones de euros, la mayor impuesta por el Gobierno a una nuclear. Ahora, la Fiscalía de Tarragona abre la vía a una posible causa penal. Ayer denunció en el Juzgado de Gandesa a tres altos cargos de la nuclear de Ascó I y al inspector del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) residente en la central por “negligencias, imprudencias y omisiones” que propiciaron la fuga radiactiva de 2007 ocultada durante cinco meses en los que siete centros educativos visitaron el recinto contaminado. El fiscal Ignacio Monreal les achaca la comisión de delitos contra la seguridad colectiva, el medio ambiente y los derechos de los trabajadores, además de otro por falsificación de documentos públicos con los que la planta, propiedad de Endesa, evitó notificar el escape. La denuncia ha sido autorizada por el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido.
ELPAIS.com – Sección Sociedad








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